El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación de una millonaria maniobra de corrupción en la Policía de Santa Fe en Rosario con sobrefacturación y carga fantasma de combustible, dijo que el caso es “muy sólido” y dejó abierta la posibilidad de que además de los 13 efectivos ya imputados haya más altos jefes involucrados.
“Estamos hablando de mucho dinero –380 millones al mes de marzo. Esto tiene que estar articulado con una ramificación de complicidades muy amplia”, sostuvo.
La actuación de la Fiscalía en la causa fue avalada este jueves por el juez Gustavo Pérez Urrechu, que resolvió dejar presos a los 13 policías y a tres de los cuatro civiles –todos vinculados a la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 donde se hacían las maniobras– involucrados, mientras que a una empleada administrativa del lugar le ordenó reglas de conducta para darle la libertad.
Sobre la participación de los dueños de la estación de servicio en la maniobra, el fiscal comentó: “Es muy triste que personas que cuentan con mucho capital y tienen empresas también entren en este tipo de maniobras. La corrupción policial e institucional viene alimentada por empresas privadas”.
Caterina dijo que esta investigación debería llevar a una reorganización y un reordenamiento del sistema de carga de combustible de los patrulleros para evitar que “se siga detrayendo este dinero de las arcas públicas”.
“Las dos caras de la Policía”
Y opinó que el caso muestra “las dos caras de la policía”, pues por un lado “están los que simulan cuidarte y atentan contra vos”, pero por el otro se pudo trabajar “de manera confiable con policías de la propia provincia” en la investigación. Es que fue la División de Asuntos Internos la que colaboró con él en la causa. “No estamos trabajando con la Policía Federal o la Aeroportuaria. Esto demuestra que quedan anticuerpos para limpiar la corrupción con nuestros propios elementos”, celebró. En ese sentido, destacó que hace diez meses comenzó la pesquisa y que “no hubo filtraciones”. Esto, desde su punto de vista, habla de “salud institucional”.
En cuanto hasta dónde puede subir la investigación, no descartó que haya altos mandos involucrados. “Es materia de investigación”, dijo y resaltó que entre los imputados hay cuatro efectivos con rango de comisario. “Pueden aparecer más, estamos hablando de mucho dinero. Esto tiene que estar articulado con una amplia ramificación de complicidades”, agregó.
En ese sentido, destacó que la investigación llegó hasta la secretaría privada de la Unidad Regional II. “No hablamos de que hubiera tenido manejo directo del dinero, que al mes de marzo rondaba los 380 millones de pesos, pero sí que estaban dando cobertura. Puede haber otros implicados”, sostuvo.
Por este caso, el Ministerio de Seguridad descabezó e intervino la Unidad Regional II.
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