Los criterios se basan en el avance de cada proyecto, el interés público y los costos. Esta medida afecta a provincias y municipios implicados en el programa “Argentina Hace”, creado en la gestión anterior, ofreciendo tres opciones: devolver el dinero recibido, completar las obras en 120 días con financiamiento nacional o financiarlas con recursos propios.
Mediante la resolución 452/2024, publicada en el Boletín Oficial, se definieron los nuevos lineamientos del programa Argentina Hace. Estos detalles incluyen cómo se financiarán los proyectos según su estado de avance, su relevancia para el interés público y sus costos asociados.
En el decreto se enfatiza: “Ningún Gobierno federal ha heredado una situación institucional, económica y social peor que la actual administración”. En este contexto, el Poder Ejecutivo afirmó que, desde que comenzó su mandato, ha implementado varias medidas para mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión del Estado nacional. También recordó que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 se declaró la emergencia pública en diversos ámbitos hasta el 31 de diciembre de 2025.
En la Resolución firmada por el Ministro de Economía Luis Caputo, se establecen tres opciones para provincias y municipios: devolver el dinero recibido, completar las obras en 120 días con financiamiento nacional, o financiarlas con recursos propios. Esta medida busca que las administraciones locales devuelvan el dinero por obras que aún no finalizaron del plan “Argentina Hace”. Según un relevamiento realizado por la administración actual, al asumir el poder encontraron 951 obras pendientes de este programa, con saldos adeudados por los municipios que sumaban $598.522 millones.
Los criterios fueron establecidos considerando que “resulta pertinente establecer lineamientos respecto de los proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecución en el marco del Plan Argentina Hace. Estos puntos deberán ser seguidos por la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía, así como por sus dependencias u otros organismos que operen bajo su jurisdicción, como paso previo a la eventual desactivación del programa”.
Los criterios para el cumplimiento, seguimiento y auditoría de obras y presupuestos son:
Análisis de Viabilidad: si la provincia, el municipio u otro ente ejecutor cumplen con las obligaciones del convenio, se evaluará su capacidad para financiar la obra sin asistencia financiera del Sector Público Nacional.
Continuidad: en caso de no poder asumir estos costos, la provincia, el municipio u otro ente ejecutor determinarán si conviene continuar con el convenio, considerando el grado de avance de la obra, su importancia pública y los costos involucrados. "Deberá determinarse, de manera restrictiva y fundada, la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio marco de adhesión y del convenio específico, teniendo especialmente en cuenta: 1) el grado de avance de la obra; 2) el interés público comprometido en la ejecución de la obra; y 3) los costos que conlleve la ejecución de la obra”. Especifica la resolución 452/2024
Rescisión de Convenios: Aquellos convenios que se decida rescindir deberán notificarse a la provincia, municipio u otro ente ejecutor según lo acordado en el convenio respectivo. Los proyectos que continúen deben cumplir con las resoluciones 27/2020 y 133/2021 del Plan Argentina Hace, deben cumplir un plazo máximo de 120 días, con la posibilidad de una prórroga de 6 meses. Si no cumplen, el proyecto será cancelado. Primero se verificará si han tomado las medidas necesarias para solucionar el problema. Si no lo han hecho, deben tomar esas medidas y, si es necesario, devolver los fondos involucrados. Además, pueden decidir cancelar el convenio y discutir cómo continuar con la obra sin recibir ayuda financiera del Gobierno nacional.
Devolución de Fondos: en caso de rescisión, los fondos asignados que deban devolverse deberán ajustarse según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la decisión administrativa, es decir, el monto deberá actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente al día de la rescisión. Si la jurisdicción respectiva no cumple con la devolución dentro del plazo establecido, deberá iniciarse un proceso judicial para recuperar los fondos. El texto del Boletín Oficial explica: “Se considera pertinente establecer que, con el fin de mantener la integridad de los fondos transferidos en el marco del ‘Plan Argentina Hace’, la jurisdicción competente que haya suscrito el convenio respectivo deberá reclamar la suma desembolsada a la provincia, al municipio u otros entes ejecutores, actualizada conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del acto administrativo por el cual se proceda al cierre del financiamiento y a la liquidación final. Cumplido el plazo otorgado en la intimación sin que la provincia, el municipio u ente ejecutor hayan acreditado los fondos cuya devolución se requiere, la jurisdicción respectiva deberá iniciar las acciones judiciales para su recuperación”.
Normas Complementarias: La Secretaría de Obras Públicas podrá emitir las normas adicionales necesarias para implementar esta resolución.“Se trata de obras menores que no justificaban la intervención del Estado Nacional” explicaron fuentes oficiales al medio La Naciòn, y profundizaron en la distribución geográfica de este tipo de trabajos, están concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe.
Obras que antes se catalogaban como “de infraestructura” y ahora se los denomina de “baja envergadura”, son pequeñas y no necesitarían financiamiento del Gobierno Nacional. Entre ellos construcción de techos para piscinas municipales, vestuarios para clubes, baños en cementerios, reparación de cunetas, veredas o pistas de skate. Explicaron
¿En qué consiste el plan Argentina Hace?
El programa Argentina Hace fue presentado en enero de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández con el objetivo de realizar obras públicas que sean de rápida ejecución en 2.300 municipios de todo el país. Incluía mejoras en rutas, obras para acceso al agua potable, saneamiento y cloacas, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, así como equipamiento social, entre otras iniciativas. La intención era reactivar las economías regionales mediante la creación de 20,000 puestos de trabajo.
Actualmente, muchas obras se encuentran sin finalizar, motivo por el cual varias provincias están solicitando que se concrete el traspaso para que las administraciones locales puedan avanzar y terminarlas.
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