El proyecto volvió a discutirse este miércoles en una reunión conjunta de comisiones, donde se sumaron propuestas sobre inclusión social, protocolos de actuación y procedimientos para aplicar las sanciones. El tratamiento continuará el próximo 25 de noviembre.
La adhesión de Rosario a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches continúa sin avances concretos tras un extenso debate en el Concejo. Este miércoles, concejales de distintos bloques volvieron a analizar el proyecto del Ejecutivo y las iniciativas presentadas sobre la problemática, pero las diferencias respecto de su implementación y el abordaje social impidieron alcanzar acuerdos.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Gobierno, se expusieron nuevas propuestas y observaciones al mensaje del Ejecutivo. Uno de los planteos fue presentado por el concejal Lucas Raspall, quien propuso incorporar modificaciones para precisar las políticas de prevención e inclusión social que deberá implementar el municipio en articulación con la Provincia.
La iniciativa contempla un abordaje multisectorial a través del Gabinete Social municipal, con participación de las áreas de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública, Desarrollo Económico y Empleo, Igualdad, Género y Derechos Humanos, Cultura y Educación, y Deportes y Turismo, entre otras dependencias.
Entre las medidas propuestas figura promover el acceso prioritario de las personas que desarrollan la actividad a programas de formación en oficios, iniciativas de emprendimientos productivos y economía social, ferias y mercados, además de dispositivos de intermediación laboral y empleo. También se plantea facilitar su incorporación a programas de acompañamiento en salud, salud mental, discapacidad y consumos problemáticos.
El proyecto de modificación incluye, además, un relevamiento de la situación social, educativa y laboral de las personas alcanzadas por la normativa, acciones para promover alternativas laborales y acompañamiento para completar los estudios primarios y secundarios.
Desde el bloque Peronista insistieron en la necesidad de contar con un diagnóstico previo sobre la situación de los cuidacoches en Rosario y establecer un protocolo de actuación. Sus representantes cuestionaron que los procedimientos queden sujetos a la interpretación del Departamento Ejecutivo.
Por su parte, La Libertad Avanza manifestó su acuerdo con el abordaje social, aunque reclamó mayor información sobre la implementación de la normativa. También planteó que, hasta que Rosario cuente con una alcaidía municipal, se gestione un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para disponer de cupos destinados a detenciones por contravenciones. Además, pidió precisiones sobre el procedimiento que se aplicará.
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