Así lo aseguró el ministro Cococcioni al brindar detalles de los allanamientos realizados este lunes y que arrojaron 17 detenidos, de los cuales 13 son personal policial, en una causa por malversación de caudales públicos en el área de combustible.
“La posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional”, remarcó Cococcioni
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos llevados adelante este lunes, en el marco de una investigación de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional y de la Subsecretaría de Control Policial por malversación de caudales públicos en el área de combustible de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe.
Cococcioni detalló que, con el objetivo de “colaborar y garantizar la eficacia, se decidió preservar la investigación para detectar el ilícito. Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”.
“Quiero reconocer a las autoridades del MPA, porque ha sido una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente. Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública”.
A continuación, el ministro anunció que “la URII, mientras hablamos, está siendo intervenida. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está poniendo en funciones al interventor, el director general retirado -ahora reincorporado al servicio activo- Claudio Romano. La intervención durará tres meses, con posibilidad de extensión si fuera necesario”.
Agregó que “al mismo tiempo, se encomienda una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Y, sin prejuzgar responsabilidades, el jefe de la Unidad Regional queda desplazado y es puesto a disposición del Jefe de Policía para que se evalúen sus funciones. Además, diferentes jefes y numerarios quedan a disponibilidad a partir del día de la fecha”.
Por último, Cococcioni subrayó que “siempre hemos dado a la Policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, porque no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”.
“Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación. La posición del Gobierno de la Provincia es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional”, concluyó.
38 allanamientos y 17 detenidos
Por su parte, Merlo precisó que “se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”, concluyó.
Finalmente, Caterina, a cargo de la investigación, señaló que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”.
También estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; y el subsecretario de Control Policial, Lucas Covacich.
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