Prisión domiciliaria a un abogado imputado por un mega fraude inmobiliario

Se trata de Alfonso Storni quien se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores y atraviesa una enfermedad que provocó un grave deterioro en su salud.

La jueza penal de tribunales, Celeste Minniti, ordenó este miércoles que Alfonso Storni, el abogado imputado por un mega fraude inmobiliario en Santa Fe y la región, siga detenido pero de manera domiciliaria.

La resolución se dio tras una audiencia realizada en tribunales y en donde se develó el grave deterioro que el letrado santafesino, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cometía estafas, padece desde su estadía en la cárcel de Las Flores.

Según informó la defensa, a cargo de Claudio Torres Del Sel, el imputado se encuentra cursando una enfermedad crónica que lo llevó perder 40 kilos en los últimos siete meses.

De hecho, en los próximos días tiene previsto ser intervenido quirúrgicamente en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe a raíz del grave cuadro en su salud que presenta actualmente.
Incapacidad

En su fallo, la jueza consideró que “el Servicio Penitenciario no ha tenido la capacidad necesaria” para brindar un tratamiento acorde a la afección que sufre Storni. En consecuencia, resolvió otorgarle el arresto domiciliario y que quede bajo la guarda de su madre.

No obstante, tendrá prohibido realizar cualquier tipo salida del domicilio a excepción de que sea por algún tipo de control de su salud en algún hospital de la ciudad de Santa Fe.

Por último, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con los damnificados en la causa que encabezan los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera y de la que también participan varios abogados querellantes.
Claves del caso

La causa por la se encuentra detenido e imputado Storni se tramita en la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe y descubrió el funcionamiento de una asociación ilícita que cometió un mega fraude inmobiliario desde por lo menos 2014 hasta el 23 de agosto del 2024 cuando se dio el desbarate de la organización.
Según Fiscalía, el grupo estuvo conformado por los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; el corredor inmobiliario Agustín Storni, el martillero público, Diego Parisse; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón.
Todos fueron acusados de integrar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada dedicada a cometer hechos delictivos de variada naturaleza: entre ellos, darle apariencia legal a la venta de terrenos cuya posesión o administración no poseían, para insertarlos en el mercado inmobiliario.
En tanto, la investigación determinó que la organización, para cometer el fraude, montó una estructura utilizando dos agencias inmobiliarias que giraron con el nombre de fantasía AS Inmobiliaria y AS Servicios Inmobiliarios, las cuales fueron provistas por Agustín Storni quien se encontraba matriculado como corredor inmobiliario desde el año 2013. Mediante ambas firmas, la banda ofreció a la venta innumerable cantidad de lotes por distintos medios y publicidades, ya sea cartelería o medios electrónicos, y utilizó principalmente redes sociales para su publicidad y que giraron con distintos nombres.