Vranicich presentó el Informe de Gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación. El tiroteo en la escuela de San Cristóbal fue el eje del debate sobre la violencia extrema adolescente
La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, se presentó ante la Cámara de Senadores de la provincia para exponer el Informe de Gestión 2025 de la institución que conduce. La audiencia pública se desarrolló en cumplimiento del artículo 90, inciso 24 de la Constitución Provincial reformada, que establece la obligación de presentar estos informes durante el mes de abril, alternando entre ambas cámaras legislativas.
El informe refleja la intensa actividad desplegada durante el año pasado. “Hemos trabajado tanto en el 2025 en el MPA que hemos tenido que priorizar qué poner en el informe para no hacer algo muy extenso”, reconoció Vranicich, quien igualmente debió seleccionar los temas centrales para la exposición ante los senadores.
Uno de los ejes de la presentación fue la violencia extrema adolescente y juvenil, una problemática que la fiscal describió como el contexto dramático que atraviesa la sociedad. En ese marco, recordó que su primer informe de gestión, en mayo de 2024, ya había arrancado con la misma preocupación, a raíz de los homicidios de cuatro trabajadores en Rosario ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de aquel año.
El tiroteo del lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal marcó la exposición. Vranicich destacó que la investigación, desarrollada con la colaboración de la Policía Federal, la Procuración General de la Nación, la policía local y el Ministerio de Seguridad, permitió dilucidar el hecho. “Más allá de tecnicismos, está dilucidado, todos sabemos qué es lo que pasó, las motivaciones”, afirmó, aunque subrayó que lo más urgente es entender qué subyace a estos hechos.
También mencionó otros casos de violencia adolescente que forman parte de la agenda del MPA, como el de Jeremías Monzón y el caso Delfina, también de San Cristóbal, donde la víctima fue desfigurada.
Uno de los pasajes más contundentes de la exposición fue el análisis de Vranicich sobre el rol de las redes sociales en la radicalización de los jóvenes. La fiscal explicó que en el marco de la investigación por el tiroteo tomaron contacto con la DUBIA, una dirección especializada en comunidades digitales juveniles, que les permitió comprender un universo hasta entonces desconocido para los investigadores.
“Son jóvenes que manejan perfectamente el inglés y se pueden relacionar a través de aplicaciones con jóvenes de todos lados del mundo. Es una comunidad digital entre jóvenes donde encuentran dónde exteriorizar el odio”, describió con preocupación. “Estamos hablando de jóvenes que deberían estar rodeados de amorosidad, de empatía”, lamentó.
“Es momento de debatirlo”
A partir de ese diagnóstico, Vranicich llamó a los poderes del Estado —legislatura nacional, provincial y demás organismos— a poner sobre la mesa la posibilidad de limitar el acceso de los menores a las redes sociales, tal como ya lo están haciendo varios países del mundo.
Citó el ejemplo de Australia, donde se aplican multas de casi 50 millones de dólares australianos a las empresas propietarias de aplicaciones que no cumplan con las restricciones a menores. Mencionó también el caso de Francia, que optó por un modelo intermedio que permite a los jóvenes acceder a enciclopedias virtuales y herramientas de comunicación útiles, pero restringe el acceso a plataformas como TikTok, Instagram y Roblox.
“No digo que haya que tomar estas medidas, digo pongámoslo a discusión”, aclaró la fiscal, y agregó: “Tal vez no sabíamos por qué estos países estaban tomando estas decisiones. Ahora sí nos estamos dando cuenta”.
Vranicich fue enfática en distinguir su rol: “Yo como Fiscal General del MPA, por supuesto que no puedo trabajar en esto, pero sí lo pongo en la mesa”. Y cerró con una reflexión que interpeló a toda la sociedad: “A partir del lunes 30 de marzo tenemos que tener otra mirada sobre qué es lo que está ocurriendo”.
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