Representantes de las pastorales sociales de Santa Fe y Rosario expusieron ante diputados provinciales y plantearon que una eventual prohibición de los cuidacoches debe contemplar alternativas laborales y sociales para quienes dependen de esa actividad.
El debate por la denominada ley de trapitos sumó este miércoles una nueva voz en la Legislatura provincial. Representantes de las Pastorales Sociales de Santa Fe y Rosario participaron del plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se analiza el proyecto que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia.
Durante la reunión, los legisladores también escucharon a integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, en el marco de una serie de exposiciones que buscan aportar distintas miradas antes de avanzar con el tratamiento de la iniciativa.
Tras el encuentro, el asesor espiritual de la Pastoral Social, Andrés Clausen, aclaró que la Iglesia no pretende definir aspectos técnicos de la norma, pero sí aportar una visión centrada en el bien común y la dignidad de las personas.
“Desde la Iglesia no nos toca resolver un tecnicismo que es muy complejo, pero como ciudadanos todos tenemos que buscar el bien común, atender las distintas partes y tener contacto con toda la realidad. Nadie va a estar en contra de que se respete la dignidad de todas las personas”, sostuvo.
Clausen remarcó que cualquier decisión que adopte la Legislatura debe contemplar la situación de quienes encuentran en esta actividad una fuente de ingresos ante la falta de oportunidades laborales.
“Sabemos que hay personas que han tenido menos oportunidades y existe un contexto de precarización laboral. Muchas personas buscan en esta actividad una solución inmediata para generar ingresos”, explicó.
En ese sentido, señaló que la Iglesia no se pronuncia a favor o en contra de la prohibición de los trapitos, aunque planteó una serie de principios que deberían ser considerados en caso de avanzar con restricciones.
Entre ellos mencionó la necesidad de aplicar criterios de gradualidad y desarrollar políticas de acompañamiento que permitan ofrecer alternativas concretas a quienes dependen de esta actividad.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la advertencia sobre las posibles consecuencias de una prohibición total. Según Clausen, una medida de ese tipo podría generar simplemente un desplazamiento de la problemática sin resolver las causas de fondo. “La prohibición simplemente va a ser un desplazamiento del problema. El excesivo control no nos parece la solución más adecuada en lo inmediato”, afirmó.
Por eso, insistió en la necesidad de avanzar hacia un abordaje integral, que combine herramientas de seguridad con respuestas sociales y laborales.
El tratamiento del proyecto continuará este jueves con una nueva reunión conjunta de las tres comisiones legislativas. Se espera que sigan las exposiciones de distintos sectores involucrados y que los diputados analicen alternativas vinculadas a la regulación de los cuidacoches en Santa Fe.
La discusión se mantiene abierta y continúa generando posiciones encontradas entre quienes impulsan una prohibición para mejorar la seguridad en espacios públicos y quienes sostienen que la problemática requiere respuestas más amplias vinculadas al empleo, la inclusión social y la contención de sectores vulnerables.
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