Las nuevas intervenciones se realizaron en barrio Gráfico y forman parte de la política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro desde la sanción de la Ley de Microtráfico.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de drogas en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario.
La primera inactivación se realizó en Benteveo al 700 y la segunda, una hora más tarde, en Jacobacci al 9000. Con estos procedimientos, ya son 118 los búnkeres derribados en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el mandatario santafesino y vigente desde fines de 2023.
Los operativos de derribo se sostienen de manera ininterrumpida desde comienzos de 2024 y constituyen uno de los ejes centrales de la política de seguridad provincial para recuperar territorios tomados por el narcotráfico y desarticular economías delictivas vinculadas al narcomenudeo. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.
El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.
Golpe a la economía delictiva
Por su parte, el fiscal Franco Carbone brindó detalles sobre la investigación y explicó que, además de los dos inmuebles que serán demolidos, se restituyó formalmente una tercera propiedad a sus legítimos ocupantes.
“Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”, indicó el fiscal.
Carbone explicó además que la organización operaba sobre inmuebles usurpados que luego eran revendidos a personas de buena fe para posteriormente recuperarlos mediante amenazas y violencia. “También consumían y comercializaban drogas en estos lugares, en un contexto atravesado por delitos conexos”, afirmó.
El fiscal señaló además que uno de los homicidios registrados en abril ocurrió a pocos metros de los inmuebles intervenidos y remarcó que las inactivaciones son “fundamentales para desarticular estructuras criminales que condicionan la vida cotidiana de los vecinos”.
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