Desde la promulgación de la Ley de Microtráfico, impulsada por la actual gestión provincial, se han inactivado 11 de estos puntos en el departamento Castellanos. El de esta mañana fue el primero en la ciudad de Sunchales. La intervención se llevó a cabo en un domicilio de la calle Falucho 597.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad de Sunchales, el primero en esa localidad. El operativo se realizó en un inmueble ubicado en Falucho 597.
Se trata de la inactivación número 115 en el conjunto del territorio provincial y la undécima en el departamento Castellanos desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Estos procedimientos se desarrollan desde principios de 2024 en el marco de un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y autoridades locales. El objetivo es desarticular puntos de venta de estupefacientes y recuperar inmuebles vinculados a dinámicas de violencia de alta lesividad en distintos puntos de la provincia.
El combate al microtráfico, una prioridad
En el lugar, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, destacó “el plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro, que tiene al combate del microtráfico como una de sus prioridades, por su vinculación con otros delitos violentos”. En ese sentido, señaló que “los allanamientos y detenciones que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia ponen de manifiesto la magnitud del problema y la decisión de enfrentarlo”.
El funcionario también sostuvo que “se registra una cantidad importante de personas condenadas y una disminución de los delitos violentos asociados al tráfico de drogas, como los homicidios, en el conjunto del territorio provincial”.
La investigación
El fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Vottero, explicó que el derribo fue resultado de “una investigación por la venta de estupefacientes en el inmueble, a lo que se sumaron hechos de violencia de alta lesividad, con uso de armas de fuego y tiroteos que dejaron personas heridas”. Según precisó, el lugar estaba destinado a “actividades ilegales que afectaban la convivencia de los vecinos”.
Vottero detalló que, tras la investigación, “se llegó a la audiencia de cese de estado antijurídico, en la que la fiscal Ana Abreu solicitó el derribo del búnker destinado a la comercialización de drogas”, y subrayó que se trata del primero en la ciudad de Sunchales.
Por su parte, la fiscal Ana Abreu indicó que el intendente Pablo Pinotti solicitó en marzo la intervención de la Fiscalía Regional ante denuncias de vecinos que señalaban al inmueble como un foco de conflictividad, donde no solo se comercializaban estupefacientes, sino que también se generaban situaciones de violencia.
A partir de esa presentación se inició una investigación conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), que derivó en un allanamiento. Allí se confirmó el funcionamiento del lugar como punto de venta de drogas, con “orificios en la estructura utilizados como pasamanos para facilitar las transacciones”, según detalló la funcionaria.
Durante el procedimiento se identificó a varias personas que continúan bajo investigación. Además, se secuestraron elementos vinculados a robos, documentación, balanzas digitales y otros materiales de interés para la causa.
“Tomamos la decisión de aplicar esta herramienta para inactivar el lugar, recuperar el espacio y devolver tranquilidad y seguridad a los vecinos”, afirmó Abreu, quien añadió que el terreno es “extenso” y que durante más de diez años fue ocupado de manera intermitente por personas vinculadas al delito.
Finalmente, el fiscal Franco Carbone destacó que “a partir del proceso de desfederalización, que permite la intervención de fiscales provinciales en casos de microtráfico, y en coordinación con el Gobierno provincial, es posible actuar en localidades que antes quedaban fuera del alcance operativo de la Justicia federal”.
En ese marco, valoró la Ley de Microtráfico como “una herramienta novedosa a nivel nacional”.
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