El avance hacia la firma definitiva del acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE) se inscribe, entre otras cuestiones geopolíticas, en el debilitamiento de Argentina en su política exterior, tanto en referencia al bloque regional como a su alineamiento global aperturista.
De hecho, Argentina viene sosteniendo un giro exterior ideologizado en las relaciones exteriores desde el período del Gobierno macrista, interrumpido, vale decir, por el cambio de rumbo de política exterior durante el Gobierno de Alberto Fernández. Ese giro se vio potenciado a partir de diciembre de 2023 con el despliegue de la política libertaria que comenzó atacando todas las iniciativas de integración y amplias relaciones globales según el mandato que baja de Donald Trump, en su rol de «emperador americano» y que el presidente Javier Milei replica permanentemente y de forma infundada.
Este acuerdo interbloques, que tuvo innumerables idas y vueltas (lleva más de 23 años de discusión) chocó con una fuerte oposición en el interior de la UE, especialmente de los sectores agrícolas y de varios países que la integran. Desde el comienzo de las negociaciones, se fueron sucediendo variados escenarios y amplios debates, con el telón de fondo del descontento de los países centrales de la producción agrícola europea (Polonia, Francia, Alemania e Irlanda), que critican lo que a su juicio es el desconocimiento de su realidad por parte de los burócratas de Bruselas, las cuestiones relacionadas con la Agenda 2030 y la asimetría de los Estados miembros en temas agrarios.
Variados especialistas coinciden en que este tratado limitará las perspectivas de desarrollo autónomo y soberano de los países de nuestro bloque y condicionará las políticas tecnológicas e industriales de cada país, especialmente en Argentina, que se constituiría en una clara perdedora en términos económicos de este acuerdo.
El más vulnerable
Nuestro país, a partir de las políticas de apertura indiscriminada y de deterioro del mercado interno, llega debilitado a la hora de incorporarse al tratado, fundamentalmente en virtud de los siguientes escenarios. En primer lugar, la puesta en marcha del acuerdo implicará que el Mercosur debe reducir los aranceles de importación para productos de origen europeo, muchos de ellos son competitivos con los de producción local, con lo cual la perspectiva de «avalancha» de importaciones que impactarán en la industria nacional apunta a ser contraproducente.
Asimismo, la posibilidad de equiparar en una variedad de productos el arancel preferencial intrabloque del Mercosur para las exportaciones de la UE agregaría otro escenario de inequidad competitiva y desaliento de la generación de empleo nacional.
Entre los cuatro países del Mercosur, Argentina se presenta como el más vulnerable debido a la apertura indiscriminada y la desprotección de la industria nacional, por lo cual se cierne otro riesgo de impacto directo para la sobrevivencia del entramado pyme y del amplio universo de las economías regionales.
Por otra parte, si observamos los sectores que alientan cifradas esperanzas tras el acuerdo, sobresale el sector agroganadero, basado en la idea de que se abriría el mercado europeo de carnes, cereales y oleaginosas, cuestión que debemos dejar sujeta al beneficio del inventario, ya que hoy nuestro país tiene comprometidos los cupos exportables en ambos rubros. Además, en ese marco habría implicancias de la aplicación de las cláusulas ambientales y de estándares laborales más rígidos de parte de la UE, que son materias no comerciales y requerirán ratificación individual de cada uno de los países miembros, con varios de ellos con posición negativa a la ratificación de este acuerdo, es decir, que harían todo lo posible para obstaculizar su aplicación en esta materia.
¡Sin comentarios! Se el primero.