La iniciativa amplía las sanciones por la explotación de recursos naturales sin autorización argentina y contempla penas de hasta 20 años de prisión.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.
Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.
El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.
Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.
Penas de hasta 20 años por la explotación de recursos en Malvinas
Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.
Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.
Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.
El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.
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