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Santa Fe, capital provincial del hacinamiento de presos en comisarías

  • Escrito por Prensa



Bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial el cuadro más grave de superpoblación carcelaria está en Piñero; lo mismo, en los calabozos a cargo de comisarios en la Unidad Regional 1.

En Diputados se mencionaron graves violaciones a las garantías que debe brindar el Estado a la población carcelaria. La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal expuso en detalle la superpoblación existente. Crédito: Guillermo Di Salvatore

"Hemos ganado todos los recursos de habeas corpus que hemos presentado con reclamos a las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia, ningún juez nos denegó ninguno porque lo que hemos señalado del estado crítico de las cárceles y porque lo que pedimos que se cambie es, desde el punto de vista humano, lo elemental para cualquier persona", resumió cuando terminaba su exposición la defensora oficial de la provincia, Dra. Jaquelina Balangione, pasadas las 15 horas de este miércoles 3.

La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal habló ante una docena de diputados encabezados por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, que contó con integrantes de las bancadas más numerosas. Por el Senado solo estuvo Lisandro Enrico (UCR-General López).

Balangione mostró parte de su informe anual entregado el 1ro de mayo pasado, que completó una visita e inspección que "de sorpresa" apareció el día anterior a la reunión en la Cárcel de Las Flores. Todo el material fotográfico y documental que los defensores han llevado a la justicia para reclamar mejores condiciones frente al hacinamiento en las cárceles proviene de actuaciones similares, sin previo aviso.

Indicó que de los presos bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario santafesino la situación de superpoblación más grave está en Piñero, en el sur, y las comisarías de la ciudad de Santa Fe en cuanto a los detenidos que están bajo custodia policial por falta de espacio en las prisiones. En Rosario hay 800 presos "de más" respecto del espacio disponible, de entre un exceso estimado en casi 2.000 internos más de lo que el sistema puede soportar sin violentar derechos elementales.

La ciudad de Santa Fe tiene celdas y calabozos en sus comisarías para tener un tiempo breve presas a unas 122 personas, pero están de pobladas por 326. Es "un 200% más del límite". Dijo que aquí "está el peor de los panoramas" y en ese tren explicó la reciente muerte de dos reclusos en medio de un incendio de colchones ("que no eran los ignífugos que se necesitan) cuyas causas se investigan.

En Melincué en lugar de 30 ó 40 reclusos hay 104; en Reconquista en vez de los 36 que caben se alojan 64 (y 20 de ellos son presos federales); en Rafaela hay espacio para 45 y se cuentan 106 detenidos.

Dejó entrever que en términos generales no es un problema que se pueda solucionar si los presos federales dejan las cárceles de la provincia. Pidió a las autoridades provinciales tomar seriamente el tema y alertó que el número de detenidos ha crecido sin parar desde 2017. Cuando asumió su cargo eran 158 los privados de su libertad cada 100 mil habitantes, hoy son 232.

La cifra más actualizada indica que en 2021 había "7.188 internos en espacios penitenciarios y 1.082 en espacios policiales". El 45% de ellos, sin condena firme, es decir, bajo la figura de la prisión preventiva. Lamentó la opinión de los jueces que "la conceden con tanta facilidad" y calificó de "exacerbado" el recurso del juicio abreviado en el sistema penal santafesino, en el que fiscales y detenidos acuerdan una condena y mientras ese trámite avanza la espera es en prisión.
"Alarmante"

En los últimos dos años hubo 66 muertos en hechos violentos en las cárceles de la provincia y en otros lugares de detención improvisados como si fueran prisiones, como las celdas de las comisarías. La defensora general, Jaquelina Balangione, calificó esa cantidad como "alarmante" y dijo que allí también se incluyen aquellos reos que fallecieron por enfermedades graves que no pudieron ser tratadas debidamente en prisión, además de los que fueron asesinados en peleas o en revueltas contra las autoridades penitenciarias.

El informe que recibieron los diputados y senadores muestra que 52 muertes "en contextos de encierros" ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y otras 14 en dependencias policiales.

Entre esas víctimas fatales el promedio es 37 años, pero el 50% de los fallecidos tenía menos de 32. En los extremos etarios, hubo un joven de 15 años muerto al colaborar con la fuga de presos desde afuera de Piñero (cortó con una pinza un alambrado y fue abatido cuando cometía ese delito) y otro preso, en circunstancias diferentes, perdió la vida con 74 años. (En marzo de 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes).